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Sebastián Piñera destituyó al jefe de la policía por la represión en el estallido social

El general Mario Rozas, sobre quien recaen serias denuncias de violaciones a los derechos humanos en Chile, fue cesado tras una operación en un orfanato donde dos menores resultaron heridos de bala
VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2020

Tras un año de polémicas por su gestión, este jueves ha sido el tiro de gracia para el director de Carabineros de Chile, Mario Rozas, un día después de que la policía disparase contra dos menores en un orfanato de Talcahuano, a 429 kilómetros de Santiago.

El oscuro episodio, aún bajo investigación, ha provocado el cese de Rozas, que ha sido anunciado por el presidente Sebastián Piñera tras una reunión en el Palacio de la Moneda.

“He aceptado la renuncia del general Mario Rozas y he procedido a designar como nuevo director de Carabineros al general Ricardo Yáñez”, aseguró Piñera, quien mostró su “mayor aprecio, admiración y gratitud” por el militar que fue su escolta en su primer mandato.

El incidente, que involucró a dos menores de 16 y 17 años que recibieron disparos de bala tras una supuesta agresión contra un agente en un hogar del Servicio Nacional de Menores, ha sido la gota que ha colmado el vaso de una figura cuestionada tras numerosas denuncias de la oposición y de organizaciones internacionales por violaciones de los derechos humanos.

Los menores, que han sido hospitalizados y uno de ellos intervenido quirúrgicamente, están fuera de peligro.

La permanencia en el cargo del general se hacía insostenible desde hace meses, en medio de denuncias de graves violaciones a los derechos humanos por parte de organismos internacionales como Human Rights Watch y de la oposición.

Hasta marzo de este año, se han registrado 493 denuncias relacionadas con diversos delitos cometidos por agentes policiales, de las cuales 444 pertenecían a Carabineros.

Entre ellas, los 343 casos de traumas oculares provocados por el uso de escopetas antidisturbios que llevaron a la institución a modificar sus protocolos y al Gobierno a crear una unidad especialmente dedicada a dar atención a personas que perdieron la visión durante las protestas.

La actitud desafiante de Rozas y su respaldo incondicional a los agentes —negó las acusaciones y llegó a decir que ningún funcionario sería dado de baja en el contexto del estallido social— se fueron convirtiendo en un río cada vez más turbulento.

A principios del pasado octubre, en la antesala del primer aniversario del “estallido social”, el general se enfrentó a un grave episodio después de que un joven de 16 años resultara herido al caer al lecho del río Mapocho, el principal de la capital chilena, tras ser embestido por un efectivo de Fuerzas Especiales, la unidad con la que Carabineros hace frente a las protestas.

En un primer momento, la policía negó “rotundamente” que un funcionario hubiera empujado al menor, al mismo tiempo que las imágenes del incidente circulaban por redes sociales y contradecían la versión oficial.

Horas después, los agentes hablarían de un “accidente”, lo que fue descartado más adelante por la investigación de la Fiscalía, que formalizó al funcionario por homicidio frustrado. Rozas también recibió críticas por autorizar el cambio de nombre de una academia de formación de uniformados en honor al exdirector de Carabineros, Rodolfo Stange.

El acto fue calificado como una “provocación” por agrupaciones de derechos humanos, que recordaron que sobre el exgeneral recaían acusaciones de incumplimiento de deberes militares y obstrucción a la justicia en el denominado ‘caso Degollados’, en el que tres militantes del Partido Comunista fueron secuestrados y posteriormente asesinados por funcionarios policiales.

Aunque las circunstancias de la agresión en el orfanato el miércoles siguen bajo investigación, hasta el momento se sabe que el incidente ocurrió en la tarde del miércoles después de que se solicitara la presencia de funcionarios policiales para abordar el caso de un menor que se encontraba inestable.

Según la institución policial, al llegar al lugar, un grupo de menores comenzó a agredir a los agentes con piedras, lo que llevó al sargento John Mograve a efectuar tres disparos con su arma nueve milímetros.

Este nuevo episodio dibujó un escenario en el que, esta vez, ya no era posible mantener a Rozas en el cargo. Las primeras señales se vieron en la tarde del miércoles, cuando Piñera canceló su presencia en un acto junto a Rozas.

Fuentes de La Moneda señalaron que el mandatario estaba “concentrado” en esclarecer la verdad “en forma total y oportuna” por lo que convocó a sus ministros de Interior y Justicia, además de la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, que anunció una querella contra los responsables del incidente.

Las reuniones continuaron hasta la mañana de ayer jueves, cuando Piñera oficializó la salida de Rozas y el nombramiento de Ricardo Yáñez como su sucesor. Piñera además lamentó lo sucedido en Talcahuano, refiriéndose a los menores como “accidentados”, lo que le generó duras críticas por parte de parlamentarios de la oposición.

“No son niños accidentados, son niños violentados. Discursos como esos siguen favoreciendo la impunidad”, le respondió la diputada comunista Carmen Hertz, emblemática abogada en causas de derechos humanos.

Tanto desde el Gobierno como desde la oposición han planteado que la salida de Rozas debe ser una oportunidad para modernizar la institución, cuya credibilidad se ha desplomado en los últimos años, a raíz de varios escándalos, que incluyen un fraude por más de 31.000 millones de euros, la falsificación de pruebas para detener a comuneros de la comunidad mapuche y los incidentes durante las protestas sociales.

Adolfo González, investigador del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, señala que, si bien no basta con la salida del general Rozas para asegurar una reforma a la institución, “su permanencia habría sido una señal política en un sentido opuesto al de un proceso de democratización y cambio institucional”.

El académico plantea que “para hacer una reforma policial que apunte a los problemas de fondo de la policía uniformada -prácticas de corrupción y violación de derechos humanos, según señala- se requiere la definición urgente de una agenda que fije la hoja de ruta de cambios estructurales”.

Y en esto, asegura, será clave el proceso que iniciará Chile para redactar una nueva Constitución. “Es una oportunidad histórica de redefinir el carácter de Carabineros, que deje de ser una fuerza destinada al resguardo del orden público y un carácter militar anacrónico, y que sea redefinida como una policía destinada a la protección de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, propia de un Estado Democrático” (El País)

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